La independencia judicial o ¡si Montesquieu levantara la cabeza!

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Estatua de Montesquieu por Alphonse Dumilâtre escalinata de la Facultad de Derecho
Estatua de Montesquieu por Alphonse Dumilâtre escalinata de la Facultad de Derecho
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Ya en la antigua Grecia -cuna de la democracia-  Aristóteles en su obra “Política”, hablaba de la necesidad de separar las funciones de los órganos deliberativos, administrativos y de justicia.

Siglos más tarde sería el inglés John Locke, médico, filósofo y político liberal quien, como elemento  más importante de su doctrina política  incluyese la idea de un estado con tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Así Locke fue uno de los inspiradores del ideólogo de la Revolución Francesa, Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Es en  el político liberal francés y en su obra “El espíritu de la Leyes” donde encontramos la base de los modernos regímenes democráticos, siendo el corolario del derecho constitucional de cualquier país la separación de poderes.

Según Montesquieu “Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.
Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”.

¡Ay si Montesquieu levantara la cabeza!. Desgraciadamente en España la separación de poderes está de capa caída. Vemos que en la práctica el poder ejecutivo es quien elige al legislativo y tanto en la teoría como en la práctica al poder judicial.

La relación Ejecutivo/Legislativo es obvia,  mayorías absolutas; disciplina de partido (también llamada el que se mueva no sale en la foto), los pactos a los que se prestan los partidos para no perder “cacho” y sobre todo el uso y abuso del art. 86.1 de la CE que permite al gobierno dictar disposiciones legislativas en formas de Decretos Leyes, lo evidencian. Pero lo realmente escandaloso es hasta qué punto depende el Poder Judicial de los dos anteriores.

En cuanto a la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial, la Constitución Española de 1978 pretendió garantizar la independencia de éste, sin embargo, las leyes que la han desarrollado incluida la LOPJ no han plasmado el espíritu de la Ley Suprema. El Consejo General del Poder Judicial está totalmente politizado y sus funciones se han visto muy reducidas. Apenas ha aumentado el número de jueces y magistrados en relación al incremento de la población, lo que lleva a que los órganos judiciales se encuentren sobrecargados de trabajo produciéndose graves retrasos. El Poder Ejecutivo controla las competencias sobre el personal al servicio de la administración de justicia, privando de éstas a los jueces y su órgano de gobierno. Además, el Poder Judicial no controla los medios materiales necesarios para desarrollar su labor, lo que ha dado lugar a que muchos juzgados y tribunales se encuentren desempeñando sus funciones en condiciones muy precarias. Todo ello, como se puede observar reduce al mínimo esa pretendida independencia.

Pero donde realmente se refleja la escasa independencia del Poder Judicial  es en el nombramiento de los miembros del  órgano de gobierno del mismo, que al final va a depender siempre de quien ostente el poder político y en qué medida.

El CGPJ está compuesto por 20 vocales y un presidente elegido por ellos, que a su vez será el Presidente del Tribunal Supremo, pero ¿Quién elige a esos 20 vocales?; podríamos pensar que, por lógica, sean los mismos jueces y magistrados por votación quienes lo hagan. Pues no, estos 20 vocales se eligen así:

12 son jueces y magistrados; 6 los elige el Congreso y 6 el Senado.

8 son abogados u otros juristas de reconocido prestigio: 4 los elige el Congreso y 4 el Senado.

Además, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de 3/5 nombra a los presidentes de sala del Tribunal Supremo y sus magistrados y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA.

Para terminar el Tribunal Constitucional está conformado por 12 miembros de la siguiente manera;

4 los elige el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el CGPJ

¿Había dicho para terminar?, perdón. Nos queda el Fiscal General del Estado que es propuesto por el gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Así que parece que en su nombramiento participan los tres poderes del Estado pero, visto como se conforma el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y su falta de independencia económica, ya que carece de presupuesto propio, y vista la interrelación que existe entre el poder Ejecutivo y el Legislativo ¿podemos afirmar sin temor a equivocarnos que realmente existe la independencia judicial?

Pues yo diría que no y no soy la única, son muchas las voces que se alzan en el país reclamándola, entre ellas la del Consejo de Europa que, hace ya unos meses, reprendió a España por no haber puesto en práctica ninguna de las medidas que le recomendó hace tres años ya para fortalecer la independencia del Poder Judicial.

El bipartidismo ha impedido que la separación de poderes sea un hecho, pero eso está llegando a su fin. Es ahora, tras el pacto de investidura que el gobierno ha firmado con Ciudadanos, cuando tendrá que poner en marcha el cambio en el sistema de elección de vocales del CGPJ.

Como siempre Política Útil.