¿Es lícito llevar lazos amarillos, un símbolo que lleva un mensaje?

1111
Lazo Amarillo
Lazo Amarillo
Comparte
  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13
    Shares

Un símbolo puede ser prohibido si ello identifica con un grupo potencialmente delictivo. Hay países, por ejemplo, donde se penaliza negar el holocausto aunque ello no de lugar a acción alguna, u otros donde ser comunista limita los derechos cívicos, e incluso alguno donde no hay ni libertad religiosa o se prohíbe ser homosexual. En teoría se trata presuntamente de defender a la sociedad de delitos de odio o de incitación a la delincuencia, aunque solo en teoría.

Ninguno de estos países es España. Aquí la libertad de pensamiento, actitudes, e incluso palabra, está completamente permitido y para demostrarlo tenemos a Rufián y Tardá, ambos de ERC, en el Congreso. Probablemente somos el país con la justicia más garantista del mundo, la que eterniza los procesos judiciales hasta limites que afecta a la protección de la sociedad. Pese a esta justicia tan tolerante en algunos aspectos dudo mucho que se pueda admitir la proliferación de lazos amarillos en solapas, blusas, asientos, y hasta ayuntamientos, y considerarlo legal.

Amnistía Internacional, organismo apolítico respetado internacionalmente, ha manifestado sin titubeos que en España no hay presos políticos y que por lo tanto los secesionistas catalanes no lo son, y precisamente por eso los que lucen ese símbolo están mintiendo y engañando a sus seguidores llamando presos políticos a los que son solo delincuentes comunes. Podríamos hablar de un delito de odio o de incitación al desacato pero es aún peor. Difaman al Estado por represor alegando que el encarcelamiento de aquellos que han roto su promesa o juramento de respeto a la Constitución y el Estatut, que han malversado fondos públicos utilizándolos para sus objetivos de partido, y que han declarado la independencia, lo que en todas partes se llama sedición, están presos por sus opiniones y no por sus hechos, lo que equivale a decir que España no es un estado de derecho y que la justicia no es independiente. Tanto es así que Puigdemont y su partido, el del 3 o 4%, piden impunidad como si el Gobierno pudiese declarar impunes a las personas que ellos decidan como sucedería en una dictadura.

La justicia debería repensar si se pueden poner en los bancos del Parlament estos símbolos que transmiten falsedades, mentiras, y falsas acusaciones Si no es delito que digan que es lo que se puede llevar y lo que no, fijar los límites porque la ocurrencia pueden ir a más y transformar las Instituciones en un manifestódromo. Quedaría por analizar los lazos de los ayuntamientos, locales públicos pagados por todos los ciudadanos y utilizados con fines partidistas. La Justicia los retiró en campaña electoral porque solo animaban a un bando, al que perdió nuevamente el plebiscito ¿y porqué han vuelto si se ha admitido que es publicidad partidista y no institucional?

Si esto se tolera no habría argumentos para impedir que otros grupos llevasen carteles con un 3%, otros una caja con una B muy grande, y algunos banderas republicanas o independentistas o nazis o franquistas. El Parlament sería un circo y no un lugar donde los políticos electos tratan de lograr acuerdos para promulgar leyes que beneficien a toda la ciudadanía. La tolerancia empieza con el seudo juramento o promesa por “imperativo legal” y termina quitando la voz a quienes han demostrado ser mayoría.

Llevar un lazo amarillo es pregonar que no se respeta la justicia y no se acata la ley, que saltarse las leyes no es delito y anima a otros a ignorarlas. Quizás en un país como España esto sea admitido pero que lo hagan cargos públicos que cobran del erario público y ni siquiera representan a la mayoría de votantes es intolerable. No se les paga para llevar lazos ni hacer fiestas, solo por trabajar para Cataluña respetando a todos sus ciudadanos, incluyendo a los que mayoritariamente no les apoyaron.

Ha comenzado la fiesta nombrando a Puigdemont candidato a presidir la Generalitat pero en lugar de llamarlo a consulta el Presidente del Parlament se va de viaje a Bruselas para visitarlo con cargo al erario público y probablemente tengamos ya el primer caso de malversación de fondos. Los jueces del Parlament ya han advertido que la propuesta no es legal pero los independentistas han decidido que la justicia está al servicio del poder legislativo, algo de lo que acusan al sistema constitucional