Ciudadandos y su condición sine qua non, España

“De aquellos polvos vienen estos lodos”

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Grupo Parlamentario Ciudadanos
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De las XII Legislaturas que conforman nuestro actual período democrático, en el intervalo comprendido entre 1979  y 2015 se concentran diversas etapas en las que el nacionalismo ha jugado un papel determinante para la configuración de mayorías parlamentarias sustentadoras de los correspondientes gobiernos, situación que devino sistemática tras la implantación del bipartidismo en España a partir de 1982, con alternancias simultáneas y sucesivas entre PP y PSOE, que han requerido de los escasos escaños de esos partidos nacionalistas para obtener esa suficiencia que mantuviese, sin resquebrajar, la gobernabilidad, si bien a cambio de cesiones y concesiones con las que el nacionalismo ha obtenido una muy alta rentabilidad, no sólo en términos financieros, sino en sus pretendidas demandas soberanistas .

En relación a lo expuesto, hay dos momentos cruciales que han determinado la deriva de la actual situación, y que vienen propiciados por el Pacto Majestic en la primera legislatura en la que conforma Gobierno José María Aznar, hablamos del año 1996, y por la reforma del Estatut, en la también primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2004.

El Pacto Majestic, suscrito entre el Partido Popular y Convergència i Unió, consiguió no sólo dar estabilidad parlamentaria a Aznar durante ocho años, sino a Pujol en el Parlament de Catalunya. Dicho Pacto tuvo un elevado precio no sólo en lo financiero, dado que se cedió la recaudación de determinados tributos en un porcentaje muy elevado ( el 35% del I.V.A. y el 40% de los Impuestos Especiales, y se amplió del 15% al 33% el I.R.P.F.), sino también por la ampliación de su régimen competencial, alimentando ese halo de deslealtad del nacionalismo, y simultáneamente a ceder, entre otras, competencias tan importantes como Educación, germen de la actual situación, y que ha provocado que una generación entera haya sido manipulada e instruida en ese odio a España bajo las premisas de la Ley de Política Lingüística de 1998, que favoreció la inmersión lingüística, considerando al catalán como lengua vehicular en detrimento del castellano. La responsabilidad de Aznar lo ha sido tanto por acción como por omisión, ya que no sólo no recurrió la referida Ley ante el Tribunal Constitucional, sino que impidió que el Defensor del Pueblo pudiese hacerlo, amén de esa vis cómica, de hablar en privado catalán. Ni chispita de gracia tuvo el asunto.

La reforma del Estatut, fue propiciada por Zapatero tras el compromiso adquirido meses antes de su llegada a la Moncloa en el año 2004, al pronunciar el 13 de noviembre de 2003 en un acto de apoyo a la candidatura de Pascual Maragall a la Generalitat su fatídica y lapidaria frase de la que años más tarde ha manifestado públicamente haberse arrepentido: apoyaré la reforma del Estatut que apruebe el Parlamento de Catalunya. Aunque inicialmente sirvió para desalojar, contra todo pronóstico, a Convergència i Unió del liderazgo institucional del que disponía, sin embargo obligó al primer Gobierno de Zapatero a iniciar los preceptivos trámites parlamentarios que concluyeron con al sometimiento del Estatut  a referéndum el 18 de junio de 2006  y su entrada en vigor en agosto de ese mismo año, para inmediatamente ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, por el Partido Popular junto con cinco autonomías y el Defensor del Pueblo, quien en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, declaró la inconstitucionalidad de aquellos artículos que le reconocían identidad a Catalunya como nación. Las consecuencias de la promesa de Zapatero han sido devastadoras, y aunque el Estatut fuese refrendado por un 73,9% de los votos, únicamente acudió un 48,4% del censo, lo que hace cuestionar en términos de participación su legitimidad. Sin embargo, el hecho de que se les diese el caramelo para después quitárselo ha tenido un fatal desenlace, despertando la intransigencia del nacionalismo catalán materializado en sus continuos y reiterados intentos de “golpes”, a fin de convocar una consulta secesionista al margen de los cauces democráticos.

Las “cosas” de Rivera.

Con la irrupción de Ciudadanos en el panorama político español, Rivera, previendo una difícil y cuasi peligrosa aritmética parlamentaria que pudiese poner en riesgo la unidad de España, plantea el 29 de octubre de 2015 en el Foro ABC un “Pacto por España”, con una máxima: “España no es negociable. España no se toca”. Lamentablemente el Pacto no prospera, al no recibir el apoyo de los dos grandes partidos constitucionalistas. Pedro Sánchez lo considera innecesario al redundar en lo ya dispuesto en la Constitución, y Rajoy, aunque contempla estudiarlo, lo ha pospuesto sine die.

Rivera quería un compromiso, una acción conjunta con estrategias definidas para hacer frente al desafío secesionista que ya se venía anunciando, y que vinculara y condicionara a cualquiera de las fuerzas políticas que pudiesen gobernar España, y ello sustentado sobre cinco pilares considerados innegociables: la soberanía nacional reside en el pueblo español y no en ningún territorio (art. 1 CE); la unidad territorial , España puede ser reformada, pero España no se rompe; el marco de la reforma es la Constitución; un compromiso con la pertenencia a la Unión Europea;  y condicionar lo pactos, en presente y en futuro, a fin de que nadie pueda gobernar con quiénes quieran romper España.

Estas son las “cosas” que tiene Rivera, responsabilidad y sentido de Estado para afrontar el problema más grave que tiene nuestro país y que requiere no sólo hacer cumplir el ordenamiento jurídico, sino liderar un proceso político de mucha envergadura, ante la inacción, avenencia o consentimiento de otros.

La “sudadera” de Girauta

Juan Carlos Girauta
Juan Carlos Girauta

La secuencia seguida en las diez primeras Legislaturas en España, cambia radicalmente en la XI y XII, con un Parlamento muy fragmentado en el que la aritmética no siempre ha dispuesto de mayorías suficientes para investir Presidente de Gobierno, tal y como ocurrió en la primera de ellas; y así, a partir de diciembre de 2015, tras la incursión de Ciudadanos en el escenario político español, se produce un punto de inflexión que marcará un antes y un después en el devenir de España. La estabilidad parlamentaria va a provenir no de la mano del nacionalismo, sino de un partido constitucionalista que lleva en su ADN una apuesta por España y su unidad, dentro del marco constitucional, y que no va a consentir concesión alguna que fomente las demandas del independentismo.

Impregnado de ese sentido, Ciudadanos negocia tanto el Acuerdo para un Gobierno reformista suscrito con el PSOE, como el Pacto de Investidura con el PP, concluidos respectivamente en febrero y agosto de 2016, y tanto en uno como en otro se recogen Puntos y Medidas en el que se pone de manifiesto el permanente e inequívoco compromiso con la unidad e integridad de España y la defensa de su orden constitucional.  El equipo negociador de la formación naranja, manteniendo una actitud consecuente y coherente con su compromiso con España, quiso reforzar esos puntos con el “sello de la casa” y anexionó en ambos documentos una declaración expresa y rotunda de oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.

Los de Rivera probablemente quisieron poner los puntos sobre las íes y garantizar lealtad ante cualquier ambigüedad que pudiese sobrevenir al respecto. No se puede olvidar que alguno de los componentes de ese equipo negociador se ha batido el cobre en su defensa y si no que se lo pregunten a Girauta, quien prácticamente en solitario y en territorio hostil se ha enfrentado, como él dice, a cara de perro, con aquellos que lenta y meticulosamente han ido trazando un plan claramente secesionista, con “golpes”, no sólo a la sístoles, también a la diástoles del Estado, y por tanto, afectando a la tensión arterial de nuestras instituciones y al corazón de la Constitución, provocando síntomas de sudadera fría ante tanta deslealtad.

España, el “sentir” Ciudadano

España no se rompe y lo que afecta a España lo deciden los españoles. Sobre esta máxima se podría sintetizar el sentir de Ciudadanos ante aquellos que están atentando “golpe” a “golpe” su indisoluble unidad, y de ahí, su manifiesta incompatibilidad con las fuerzas nacionalista que en la actualidad se encuentran incursas en un proceso claramente secesionista, con tintes muy próximos a la sedición, obviando que la soberanía reside única y exclusivamente en el pueblo español.

Consciente de la gravedad de la situación y ante la inacción o las fórmulas descafeinadas de otros, Ciudadanos quiere un plan de actuación que sea fruto del consenso político, sustentado sobre el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, y que comporte reformas que fortalezcan la unión de la ciudadanía y la mejora de la convivencia de los españoles, pero sin cuestionar ni la unidad de España, ni la soberanía nacional. Su programa electoral lo sincretiza en una frase: “La diversidad no es, ni puede ser, una amenaza, ni a los derechos ni, a la unidad misma”

Las reformas, como bien dice Rivera, han de venir de la mano de una modificación de la Constitución, en concreto de su Título VIII y de sus preceptos conexos, pero sin “dinamitarla”, simplemente con “microcirugía jurídica” que no afecte a los cimientos de  nuestro ordenamiento jurídico, fijando y determinando un claro régimen competencial para evitar fórmulas escapistas que sirvan de subterfugios al independentismo, articulado bajo el principio de igualdad y solidaridad entre españoles, y todo ello  acompañada de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que dote de recursos para la correcta prestación de los servicio públicos esenciales.

A colación y a modo de conclusión la frase de Bismarck “España es el país más importante del mundo, los españoles llevan años intentándolo destruir y no lo han conseguido”.

Y añadiría, ni los de Rivera lo van a permitir.

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