Cataluña 1-O, una farsa sin garantías

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Cataluña 1-O, una farsa sin garantías | Fotografía: Adelais Domènech
Cataluña 1-O, una farsa sin garantías | Fotografía: Adelais Domènech
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La farsa del desafío secesionista que pretenden culminar el próximo uno de octubre mediante la celebración de un ilegal referéndum independentista, ha sido urgida con premeditación por un grupo de desleales que se ha erigido con legitimación para su convocatoria, obviando que la soberanía nacional reside en el pueblo español, cuyos únicos representantes y depositarios legales se encuentran en las Cortes Generales, y no en el Parlament de Catalunya.

El independentismo catalán ha gestado una consulta ilegal, golpeando los cimientos del Estado de Derecho y sin validación internacional, del que únicamente han recibido sonoras negativas a su mendigada farsa, tanto por parte de las propias instituciones de la Unión Europea, como de embajadas, organizaciones e instituciones de países varios a los que han girado visita en busca de aval, y del que solo han recibido pública humillación, al haberse posicionado incondicionalmente con España  y su orden constitucional.

El secesionismo está dispuesto a inmolarse, desoyendo no sólo a expertos  doctrinales nacionales sino a la propia Comisión de Venecia, máximo órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, quien ante la misiva de Puigdemont, ha despachado en un contundente y breve párrafo de dos líneas un serio aviso, la imposibilidad de celebrar un referéndum de independencia unilateral al margen de lo dispuesto en la Constitución Española y del resto del ordenamiento jurídico, amén de deber contar con el acuerdo de las autoridades españolas.

A pesar de los incesantes y reiterados varapalos dados al independentismo catalán, continúa en su objetivo de confundir, manipular y tergiversar realidades. De principio a fin, un sinsentido, sostenido sobre falacias.

Una de ellas, la interesada comparativa con el referéndum de independencia escocés, al que insistentemente el secesionismo catalán ha recurrido como referente para proyectar su victimización. Craso error, porque la situaciones no son análogas y difieren en lo fundamental.

En primer lugar, Cataluña nunca ha sido una nación, Escocia, si. Y lo fue hasta 1707, fecha en la que fueron aprobadas las leyes que conformaron el Acta de Unión entre los Reinos de Inglaterra y de Escocia, por las que se anexionaron ambos países para conformar el Reino de Gran Bretaña. Hasta esa fecha Escocia fue un Estado soberano, Cataluña nunca lo ha sido y la historia así lo viene a confirmar.

En segundo lugar, la celebración del referéndum de independencia de Escocia de 2014 siguió los dictámenes del Código de Buenas Prácticas sobre Refrendos aprobado por la Comisión de Venecia, que pivota sobre dos constantes, el respeto a la legalidad y el cumplimiento de unas garantías que aseguren la legitimidad política del proceso de organización y de su celebración.

En relación al respeto a la legalidad, Gran Bretaña a diferencia de España, no dispone de un texto constitucional stricto sensu, sino que viene conformado desde el S. XIII por un conjunto de normas, acuerdos y resoluciones que el derecho consuetudinario ha ido incorporando a su ordenamiento jurídico, no prohibiendo el derecho de secesión, circunstancia que le otorga una situación peculiar respecto a lo dispuesto en nuestra legislación. En España, el art. 2 de nuestra Carta Magna expresamente dispone la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, reconociendo taxativamente una única Nación, España, y atribuyéndole al pueblo español, en su conjunto, la soberanía nacional. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de convocar un referéndum de secesión, razón por la cual, todo acto encaminado al mismo vulneraría la legalidad vigente.

En base a este precepto, para poder celebrar un referéndum legal, se requiere una reforma constitucional que lo habilite. Sin embargo, la Generalitat haciendo caso omiso a todo y a todos, ha seguido con su actuación, y con premeditación y alevosía ha reformado el Reglamento del Parlament, al objeto de garantizarse la aprobación por la vía rápida de las denominadas Leyes de Desconexión, que prevén la celebración de un referéndum unilateral el próximo uno de Octubre, obviando el trámite parlamentario de su debate con los partidos constitucionalistas, que representan a un 53% de los votantes, aunque traducido a escaños queda reducido considerablemente dicho porcentaje a solo un 48% de diputados.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, por unanimidad, el recurso de inconstitucional interpuesto por el Gobierno, y suspendido cautelarmente la reforma del Reglamento del Parlament de Catalunya.

En relación al cumplimiento de las garantías que aseguren legitimidad al proceso secesionista, se requiere:

  • Un amplio compromiso de las partes implicadas en el proceso, con participación en las negociaciones de todas las opciones, tanto a favor como en contra de la consulta, y todo ello con absoluta transparencia y cumplimiento de reglas democráticas que garanticen su viabilidad. El referéndum de Escocia fue pactado entre el Gobierno británico y el escocés, con una detallada hoja de ruta del proceso y un cronograma previamente consensuado, en el que incluía una condición sine que non, la aprobación por parte de sus respectivos Parlamentos. Nada que ver con el proceder seguido por la Generalitat, quien ha impuesto unilateralmente un referéndum al margen de los cauces legales, sin legitimación, consenso o participación de las partes implicadas, únicamente a base de golpes institucionales para conseguir su pretensión, imponiendo las condiciones y los términos del mismo.
  • Un plazo razonable, de al menos un año, entre la promulgación de la Ley de convocatoria y la celebración del referéndum, al objeto de organizar el mismo con todas las garantías de imparcialidad, transparencia y neutralidad requeridas. En el caso de Escocia, ese intervalo fue cumplido, dado que el 15 de octubre de 2012 se formaliza el Acuerdo de Edimburgo entre el Gobierno británico y el escocés, sentando las bases de la consulta materializada casi dos años más tarde con su celebración, el 18 de septiembre de 2014, con acatamiento de todas y cada una de las recomendaciones exigidas por la Comisión de Venecia. La Generalitat vuelve a incumplir lo dispuesto al efecto, dado que pretende celebrar un hipotético referéndum de independencia el próximo día 1 de octubre, sin tan siquiera haber aprobado la Ley que dé cobertura a tan mayúscula barbaridad. Al día de la fecha, de lo único que se tiene constancia es de la presentación del texto de la Proposición de Ley registrada en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP, el pasado 31 de julio de 2017.

El independentismo sabe que ha emprendido un camino que no va a ninguna parte, sustentado en soflamas de desobediencia institucional y cuajado de amenazas, más propia de un sistema totalitario que de una democracia consolidada. No habrá referéndum, al no haber nada que votar, ante una consulta ilegal. Una sin razón, sin viabilidad.

El Estado de Derecho actuará con proporcionalidad y al compás de los golpes que el secesionismo catalán esté dispuesto a dar. Lo hará con los mecanismos y recursos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para abortar tal deslealtad, ya sea por vía del Tribunal Constitucional, de la jurisdicción penal o del artículo 155 de la CE.

El 1-O no es más que una farsa orquestada por farsantes. Sin más.

@maespejob

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