El artículo 155 de la Constitución Española ¿Quién dijo miedo?

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El artículo 155 de la Constitución Española es un precepto más del texto constitucional, y por tanto susceptible de ser aplicado como cualquier otro
El artículo 155 de la Constitución Española es un precepto más del texto constitucional, y por tanto susceptible de ser aplicado como cualquier otro
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Es hora de la acción. Ahora sí que sí.

El artículo 155 de la Constitución Española es un precepto más del texto constitucional, y por tanto susceptible de ser aplicado como cualquier otro. Sin embargo, no es un artículo más. No, no lo es, y de hecho en casi cuarenta años de vigencia de la Constitución nunca se ha llegado a aplicar, aunque sí tuvo su intentona. Sí, sin aspavientos y con firmeza, el Gobierno de Felipe González, en febrero de 1989 y ante la negativa del Gobierno de Canarias a formalizar el desarme arancelario establecido en el Protocolo Núm. 2 del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, formuló requerimiento expreso a  su Presidente tal y como establece el párrafo primero del temido artículo 155 de la Constitución Española.

Canarias se atrevió a poner en riesgo el interés general de España al incumplir lo dispuesto en la normativa comunitaria, y el Gobierno de la Nación sentó las bases para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española. Bastó con el preceptivo requerimiento a su Presidente y un par de reuniones bilaterales. Su invocación no fue ningún farol, el Gobierno de Canarias tomó el paso. Sin más.

Con la aprobación de la primera de las denominadas Leyes de la Desconexión por parte de un sesgado y quebrado Parlament de Catalunya se estaría otorgando status jurídico al golpe institucional que Junts pel Sí y la CUP están dispuestos a dar. El desafío del independentismo catalán nos ha situado en el peor de los escenarios posibles. Están dispuesto a todo, no tienen límites.

Ha llegado el momento de actuar y el Gobierno ha de tener previstas todas las alternativas para impedir la celebración de un referéndum ilegal que atenta no solo contra nuestra soberanía nacional sino contra la indisoluble unidad de la nación española. Entre esas alternativas, se encuentra la aplicación del artículo artículo 155 de la Constitución Española. Un artículo políticamente indeseable pero jurídicamente viable, máxime en el momento en el que el Parlament ha aprobado la Ley del Referéndum, el President Puigdemont ha firmado el Decreto de convocatoria del mismo, y la Mesa del Parlament ha admitido a trámite la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana.

Los “otros” artículos 155.

Nuestro ordenamiento jurídico no tiene la exclusividad de las medidas de coerción dispuestas en el artículo 155 de la Constitución. La mayoría de las constituciones de países europeos disponen de preceptos similares, aunque con peculiaridades propias que hacen diferir el alcance y las consecuencias de su aplicación.

Por un lado, se encuentran aquellos que prevén la posibilidad de suspender la autonomía y la disolución de sus órganos de gobierno, tal y como establece el art. 100.1 de la Constitución austriaca de 1920, el art. 126 de la Constitución italiana de 1947 o el art. 234.1 de la Constitución portuguesa de 1976.

Por otro, aquellos que no disponen tal posibilidad, resultando su actuación limitada a una intervención puntual hasta la restauración de la legalidad vigente, sin suspensión de la autonomía ni disolución de sus órganos de gobierno. Entre los que se encuentra el art.155 de nuestra norma constitucional o el art. 37 de la Ley Fundamental de Bonn, Constitución alemana de 1949.

Además, y aunque la redacción de nuestro precepto se haya inspirado en su análogo alemán, entre ellos hay considerables diferencias. Alemania se conforma territorialmente en estados federados (länders), con una cámara territorial (Bundesrat)  en la que se encuentran representados los 16 länders, y es precisamente esta cámara la encargada de autorizar la adopción de medidas de coerción federal en el hipotético supuesto de que uno de ellos incumpliese la legalidad vigente. España se organiza en un estado autonómico, y no dispone de una cámara similar al Bundesrat, al funcionar el Senado más como refuerzo del gobierno que como cámara territorial strictu sensu.

Alemania nunca ha tenido que aplicar el art.37 de la Ley Fundamental de Bonn. Baviera no es Cataluña, y su independentismo mucho menos. Aun manteniendo ambos idénticas reivindicaciones, los bávaros siempre han sido respetuosos con la legalidad y con las resoluciones de su alto Tribunal. Nada que ver con los derroteros que está tomando el secesionismo catalán, sin legitimación, al margen de la legalidad y con indicios de desobediencia al Tribunal Constitucional.

El artículo 155 de la Constitución Española. “Su primera vez”.

El artículo 155 es un artículo que ojalá nunca tuviese que ser aplicado, ni tan siquiera invocado, ya que el mismo lleva implícita una medida coercitiva, excepcional y extraordinaria, encaminada a frenar una muy grave deslealtad que atenta contra nuestro interés general.

Sin embargo, para todo hay una primera vez. Lamentablemente el secesionismo catalán nos puede estar llevando hacia esa primera vez, sin nosotros querer. La responsabilidad de su aplicación es única y exclusivamente del independentismo catalán, son ellos los que han decidido institucionalizar un golpe al Estado de derecho y a la democracia en sí. Son los únicos responsables de esa primera vez.

Si así fuese, ahí van ciertas aclaraciones para exorcizar al demonizado artículo 155 de la Constitución. Ahí van:

  • En ningún caso se suspendería la autonomía de Catalunya, ni se podría disolver sus órganos de gobierno. Únicamente y hasta que se restaure el orden jurídico constitucional, se rescatarían administrativamente competencias y se modificaría la relación jerárquica de las autoridades autonómicas por el hecho de incumplir reiteradamente con la legalidad vigente, pudiendo dar órdenes e instrucciones a autoridades y funcionarios públicos. Se trata de medidas puntuales y acotadas en el tiempo, resultando condicionadas al restablecimiento de la legalidad.
  • El Gobierno podría suspender la ejecutividad de acuerdos o resoluciones de los órganos autonómicos, pero sin sustituir las competencias legislativas del Parlament de Catalunya, ni la ejecutivas del Govern de la Generalitat. No hay suplantación sino intervenciones puntuales que obliguen a restituir el orden jurídico constitucional y  garanticen el mantenimiento del interés general.
  • El art. 155 no lleva implícita ni la actuación de las Fuerzas Armadas, ni de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque sí podría el Gobierno “rescatar” la competencia de los Mossos d’Esquadra en el hipotético caso de que colaborasen con el secesionismo catalán. Las Fuerzas de Seguridad del Estado únicamente intervendrían ante una situación límite y en los términos dispuestos en el art. 104 CE y  en el 11.1.a.) de la Ley 2/1986, de 13 de marzo. En el caso de las Fuerzas Armadas, las mismas no pueden actuar en territorio nacional, salvo declaración del estado de sitio, y estaríamos hablando de palabras mayores, amparada por el art. 116 CE  y por el art. 32 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Por tanto ni una ni otra se encontrarían bajo el cobijo del art. 155 CE sino de otros preceptos.
  • El Gobierno podrá disponer medidas económicas de presión, tales como suspensión de transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, de la participación en los ingresos del Estado, así como de la suspensión de la asignación en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Únicamente serán objeto de la adopción de medidas amparadas en el art. 155 CE aquellos actos de la Generalitat que no sean susceptibles de ser recurridos ante el Tribunal Constitucional, así como de aquéllos que busquen ejecutar las disposiciones y resoluciones suspendidas por dicho Tribunal (Gil-Robles Gil-Delgado)

Frances Carreras, considera que “Las medidas adoptadas en función de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Española deben ser prudentes, aplicadas de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad e intervención mínima”.

No es ninguna barbaridad el recurso al artículo 155 de la Constitución, en un momento en el que el independentismo catalán ha decidido materializar la metafísica aristotélica, convirtiendo al secesionismo de un ser en acto a un ser en potencia, máxime cuando todo apunta a que por fin el Presidente Rajoy ha abandonado su pasión por ShaKespeare y su amor por Hamlet, y dejado de divagar entre el ser o no ser de la cuestión catalana.

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